Más asaltos al bolsillo del contribuyente

La contratación de seguros privados de medicina prepaga por parte de los organismos del Estado es una fuente de notorias desigualdades entre quienes allí trabajan y de considerables ingresos para los sinvergüenzas que la promueven. En cuanto a la primera cuestión, revelaciones periodísticas señalan que un funcionario del BCP goza de un plan de cobertura total muy superior, por ejemplo, al que rige para los funcionarios de la SAS. Incluso hay una diferencia entre un ministerio y otro, y algunas instituciones pagan el seguro de los contratados, lo que no corresponde. Estas flagrantes desigualdades no tienen la menor justificación, ya que los funcionarios de todas las instituciones son iguales ante el Estado y lo deben ser también ante la Ley del Presupuesto nacional. Se produce así una maraña que es la misma que reina en materia salarial entre las diversas instituciones y en similares conceptos, un tratamiento desigual que resulta aberrante. Además, se está nuevamente aquí ante un ejemplo que muestra las odiosas ventajas de que gozan los trabajadores del Estado frente a los del sector privado, ya que estos últimos deben pagar su seguro médico con un porcentaje que se les saca de su ingreso mensual, y además deben financiar el de los funcionarios públicos.

La contratación de seguros privados de medicina prepaga por parte de los organismos del Estado es una fuente de notorias desigualdades entre quienes allí trabajan y de considerables ingresos para los sinvergüenzas que la promueven. En cuanto a la primera cuestión, revelaciones periodísticas señalan que un funcionario del Banco Central goza de un plan de cobertura total de 2.367.350 guaraníes mensuales, en tanto que uno de la Secretaría de Acción Social tiene un plan de 399.500. Son los dos extremos de un arco que muestra grandes disparidades en los desembolsos de las entidades públicas en tal concepto, y no solo entre las de diverso tipo, sino, incluso, entre los propios ministerios: el de Relaciones Exteriores gasta por cada funcionario 1.195.000 guaraníes por mes, y el de Industria y Comercio, 565.000, para mencionar solo dos casos. Más aún, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Senado pagan incluso el seguro médico de los contratados, que no disfrutan de tal beneficio en el resto del aparato estatal porque no les corresponde.

Estas flagrantes desigualdades no tienen la menor justificación. El Ministerio de Hacienda, que prepara el Presupuesto General de la Nación, o la Secretaría de la Función Pública deberían responder a la siguiente pregunta: ¿por qué los funcionarios de ciertas instituciones gozan de una cobertura total en tanto que los otros deben contentarse con un seguro básico? Son iguales ante el Estado y, lógicamente, deben serlo también ante la Ley del Presupuesto nacional, que autoriza las partidas correspondientes. Está visto que el Ministerio de Hacienda no coteja los respectivos anteproyectos y que, luego, el Congreso tampoco efectúa comparación alguna entre las sumas solicitadas, para que las diversas entidades públicas cubran en igualdad de condiciones los costos del seguro médico del personal. Se produce así una maraña, que es la misma que reina en materia salarial entre las diversas instituciones y en similares conceptos, un tratamiento desigual que resulta aberrante.

Pero la cuestión no termina aquí, y una vez más se está ante un ejemplo que muestra las odiosas ventajas de que gozan los trabajadores del Estado frente a los del sector privado. En efecto, ocurre que, a diferencia de estos últimos, que entregan al IPS el 9% de su ingreso mensual, los funcionarios públicos no efectúan ningún aporte, ya que el pago de su seguro médico privado constituye, en realidad, un complemento salarial. A ellos les sale gratis lo que para el resto de los ciudadanos, así como para los docentes de la educación pública que están asegurados en el IPS, implica un descuento mensual. O sea que existe una grosera inequidad.

Conste que el art. 103 de la Ley Nº 1626/00 dice que “la ley establecerá el régimen del seguro social de los funcionarios públicos, con los beneficios y las prestaciones que contemplen, entre otros, los riesgos de maternidad, accidentes, enfermedades laborales y no laborales, invalidez, vejez y muerte; el de jubilaciones y el de pensiones”. Dieciséis años después, la ley referida no ha sido sancionada, y se entiende que así sea pues a los poderosos sindicatos de funcionarios les disgusta que sus socios tengan que aportar como el común de los mortales para tener un seguro de enfermedad. Resulta que el art. 104 de la ley citada dispone que “la financiación del sistema del seguro social (...) estará a cargo de los funcionarios públicos y del Estado, en las condiciones y la proporción que establezca la ley”, de modo que ello significaría perder el complemento salarial de hecho que conlleva la gratuidad, y que, desde luego, no integra la famosa nueva matriz. Bien se sabe que el IPS presta un pésimo servicio, y que sería comprensible que los funcionarios prefieran ser atendidos en hospitales y sanatorios privados, pero el punto es que los contribuyentes no tienen por qué pagarles su seguro médico.

Pero tampoco los jerarcas de la burocracia han urgido que se legisle sobre el seguro social de los funcionarios, pues es muy probable que eso de llamar cada año a una licitación pública para adjudicar un contrato les brinde la magnífica ocasión de orientar los resultados según la cara y la “generosidad” de los oferentes, tal como acontece también a la hora de contratar empresas de seguridad privada y otros servicios. ¿Por qué regirse, entonces, por una normativa que fije los aportes regulares de los funcionarios y del Estado si se les puede sacar una buena coima a las negociaciones anuales con las empresas aseguradoras? En efecto, más allá del absurdo y caótico desmanejo del seguro médico privado a funcionarios públicos a costa de Juan Pueblo, no debe excluirse, en absoluto, que el costo asumido por algunas instituciones se halle inflado a causa de la sempiterna corrupción. En el mejor de los casos, hay aquí un considerable derroche de fondos públicos al que se debe poner fin sancionando de una vez por todas la ley a la que hace referencia la Nº 1626/00.

Los funcionarios deben tener todos la misma cobertura médica, financiada parcialmente por ellos mismos, excluyendo a los contratados, que no tienen por qué estar asegurados a costa de los contribuyentes, ni siquiera en parte. Sería mejor que cada uno de los funcionarios elija su propia entidad aseguradora y contrate la cobertura que crea conveniente, pero mientras no se reglamente el art. 95 de la Constitución, según el cual los servicios del sistema de seguridad social pueden ser públicos, privados o mixtos, lo que se impone es que el personal público esté asegurado en el IPS.

Lo que hoy existe es una notable e injusta heterogeneidad en lo que respecta al seguro médico, que los Poderes Ejecutivo y Legislativo han venido permitiendo por no haber tenido el valor de dictar una ley que ponga las cosas en su lugar, atendiendo –como corresponde– el bolsillo de los contribuyentes. Se debe poner fin a esa aberración, de la que, como siempre, sale golpeado el ciudadano común para beneficio de los vividores de siempre.

Hay que ver si existe algún diputado o senador que sea sensible a los intereses de ese “pueblo” que con tanta frecuencia dicen representar, y se anime a proponer un proyecto de ley para terminar con la aberrante injusticia actual que aquí criticamos.

Fuente: www.abc.com.py/