Ratifican que Comuna no apeló y ediles analizan ir a la fiscalía
- R Itape
- 5 nov 2016
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Un nuevo revés sufrió ayer la Municipalidad de Asunción en su intento por convencer que su exasesor jurídico, hoy flamante contralor Enrique García, pidió en tiempo la nulidad de la condena de 3,6 millones de dólares a pagar a Ivesur. En mesa de entrada del Tribunal informaron que no registran presentación alguna. Mientras, los concejales analizan denunciar el hecho ante la fiscalía.

Cada día se confirma más que el exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción José Enrique García, hoy nada menos que contralor general de la República, posibilitó que la empresa verificadora de vehículos Ivesur se quedara con nada menos que G. 18.975.014.366 (unos 3,6 millones de dólares) del dinero de los asuncenos.
Las afirmaciones tanto del intendente Mario Ferreiro (Avanza País) como de la asesora interina Emilia Yugovich quedaron en agua de borrajas ayer, cuando la coordinadora de mesa de entrada del Tribunal de Apelaciones y de Cuentas de la Capital, Martha Machuca Guerrero, informó oficialmente que la Municipalidad no realizó ninguna presentación contra el laudo arbitral que la condenó a pagar dicha suma a Ivesur.
“Una vez verificado el cuaderno de sorteo manual, donde se registran las presentaciones de laudos arbitrales, se pudo constatar que no se registró entrada en esta dependencia de ningún recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad de Asunción”, dice el escrito que Machuca envió al camarista Alejandrino Cuevas, presidente del Tribunal de Apelación Civil, Quinta Sala. Con el informe queda definitivamente descartado que García solicitó la nulidad del fallo arbitral de un tribunal extrajudicial.
La demanda se había iniciado en el 2011 cuando la entonces administración municipal a cargo de Arnaldo Samaniego (ANR) se negó a renovar contrato sin pasar por una licitación pública, como estaba previsto.

La Comuna tenía tiempo hasta el 6 de octubre pasado para solicitar al Tribunal de Apelaciones la nulidad del laudo. Sin embargo, el asesor jurídico llamativamente se “olvidó” de apelar.
Una semana después del vencimiento del plazo, el 11 de octubre, García solicitó al Tribunal de Apelaciones quinta sala la acumulación de su expediente –que según él se estaba tramitando en primera sala– junto a otro documento relacionado al caso, y que se había remitido a la quinta sala.
Cuando García hace el pedido de acumulación es cuando queda en evidencia, pues la Quinta sala, como corresponde, solicitó a la Primera Sala los antecedentes del expediente al que refiere García. La primera sala, presidida por Marco Riera Hunter informa que allí no se tenía ninguna presentación hecha por la Municipalidad.
El martes, la coordinadora de mesa de entrada denunció un intento de soborno en el caso. Señaló que funcionarios a su cargo recibieron una “oferta” de G. 20.000.000 para antedatar el documento, de tal forma que finalmente figure en el sistema como presentado en tiempo y forma.
Fuente: www.abc.com.py/