La desfachatada “madrina” de San Pedro
- R Itape
- 16 nov 2016
- 4 Min. de lectura

La diputada por el departamento de San Pedro, Perla Acosta de Vázquez (ANR), hizo que el jefe de distribución regional de la ANDE, Ariel Venialgo, con sede en San Estanislao, fuera destituido por la consabida “orden superior”. ¿La razón? El funcionario, que habría estado ocupando un cargo del “cupo” que le corresponde a ella, cometió el pecado de no “alinearse” para enfrentar a su enemigo político, el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR). El ejemplo que se da en este caso de la prepotente diputada cartista es un ominoso mensaje para toda la administración pública, y muestra que las empresas dependientes del Estado están más al servicio de los capitostes que de los usuarios, que financian su existencia. Lo que ha ocurrido es el desastroso resultado de la falta de compromiso del presidente Cartes con el modelo de país que anunció. La responsabilidad final le corresponde a él. Es hora de que la población entera del departamento de San Pedro reaccione contra arbitrariedades similares, repudie la presencia de esta desfachatada “madrina” en los lugares públicos y le niegue su voto en las próximas elecciones para enviarla definitivamente a la cuneta.
La diputada por el departamento de San Pedro, Perla Acosta de Vázquez (ANR), hizo que el jefe de distribución regional de la ANDE, Ariel Venialgo, con sede en San Estanislao, fuera destituido por la consabida “orden superior”. ¿La razón? El funcionario, que habría estado ocupando un cargo del “cupo” que le corresponde a ella, cometió el pecado de no “alinearse” para enfrentar a su enemigo político, el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR), también sampedrano. Claro que no se trata de un hecho insólito, sino habitual en un país donde los politicastros distribuyen cargos públicos para que los agraciados pongan a su disposición no solo su tiempo, sino también los recursos humanos y materiales de la entidad respectiva. Se reparten el aparato estatal, sin importarles en absoluto las leyes ni la tarea a realizarse para atender las necesidades de la población. Al señor Venialgo le costó caro haber olvidado que debía estar al servicio de la legisladora, y no precisamente del país.
El hecho de que, aparentemente, los usuarios de la ANDE habrían estado satisfechos con su gestión, no tiene la menor importancia para esa aventajada discípula del stronismo. Lo relevante es que él “traicionó” a quien se cree dueña y señora de la jefatura regional de ANDE para servirse de ella en las venideras campañas electorales. Por eso, anunció que iba a “poner” en el cargo a quien le “responda”, es decir, a uno que esté sometido a ella, aunque sea corrupto, inepto o haragán. No tiene el menor empacho en transmitir el mensaje de que el presidente de la referida empresa pública, el Ing. Víctor Raúl Romero, hará lo que ella disponga.
Huelga decir que los legisladores no tienen la atribución de nombrar o destituir a funcionarios, sino, en todo caso, la de recomendar al Presidente de la República o al superior jerárquico, por mayoría absoluta de dos tercios, la remoción de los directores y administradores de las empresas estatales. Esta norma constitucional pesa mucho menos en la deplorable cultura político-administrativa de nuestro país que la insaciable sed de poder de una casta de la que la diputada Acosta de Vázquez es una relevante exponente, que se queda con el 20% del salario percibido por los funcionarios que ubica, por ejemplo, en las oficinas del Poder Judicial de San Estanislao, según denunció hace dos años el mencionado diputado D’Ecclesiis.
Abundan los funcionarios conscientes de que no han alcanzado tal condición por sus méritos y aptitudes, sino gracias al patrocinio de un mandamás local, lo que desde luego les resta autoridad a la hora de cumplir con su cometido. La regla es que agachen la cabeza y hagan lo que les ordenen sus padrinos, que para ellos son mucho más relevantes que los jerarcas de la institución en que prestan servicios.
Lo interesante de este repugnante caso es que el afectado manifestó que él tiene una responsabilidad con la ciudadanía, y reveló que la cuestionada legisladora ya le había amenazado con que pediría su destitución al titular de la ANDE “o al mismo Presidente de la República”. Y aquí llegamos al asunto de fondo, es decir, a que el Ing. Romero aceptó mansamente el “pedido”, poniendo en almoneda su propia autoridad. Los funcionarios de la empresa proveedora de energía eléctrica vuelven así a tener presente que deben obedecer siempre las órdenes políticas de los caciques lugareños, so pena de perder el puesto. Está visto que no deben esperar respaldo de la cobarde máxima autoridad de la ANDE, sino que esta se plegará a los indebidos requerimientos de esos podridos personajes, culpables del atraso y de la ignorancia en que está sumido nuestro pueblo. A ellos no les interesa que los servicios públicos estén bien atendidos, sino que los funcionarios respondan a sus exigencias particulares. Un personaje de la calaña de la diputada de marras, carente del menor sentido de la decencia, es capaz de reclamar cualquier cosa.
El ejemplo que da este caso de la prepotente diputada cartista de San Pedro es un ominoso mensaje para toda la administración pública, lo que de hecho explica el pésimo servicio que brindan las empresas dependientes del Estado. Ellas muestran así que están más al servicio de los capitostes que de los usuarios, que financian su existencia.
Lo que ha ocurrido es el desastroso resultado de la falta de compromiso del presidente Cartes con el modelo de país que anunció. La responsabilidad final le corresponde a él. Con seguridad, su protegida seguirá haciendo de las suyas, con la arbitrariedad que la distingue, porque sabe que al Primer Mandatario no le importa mucho que se hagan bien las cosas, sino, sobre todo, satisfacer el apetito de poder que ha demostrado últimamente, para lo cual necesita la incondicionalidad de sus partidarios.
Entretanto, los pobladores del 2º departamento expresaron que actuaciones como la censurada les ofenden a ellos y a quienes están haciendo bien su trabajo. Es hora de que la población entera del departamento de San Pedro reaccione contra arbitrariedades similares, repudie la presencia de esta desfachatada “madrina” en los lugares públicos y le niegue el voto en las próximas elecciones para enviarla definitivamente a la cuneta, por traicionar a sus conciudadanos y socavar la institucionalidad del país.
Fuente: www.abc.com.py/