El partidismo prostituye el Consejo de la Magistratura

El colectivo de abogados matriculados de nuestro país elegirá mañana a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura. Mediante la conformación plural de este Consejo, la Constitución buscó favorecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo que su integración dependa exclusivamente de los poderes políticos. En la práctica, la atinada intención de los convencionales de 1992 resultó frustrada por la partidocracia dominante; es decir, por el mismo perverso sistema que quisieron contrarrestar. El grave problema, el obstáculo inicial, radica en la designación de los consejeros. La influencia de la mafia partidocrática es tan fuerte que la ciudadanía puede tener la certeza de que los representantes de los abogados serán elegidos atendiendo su condición de miembros de un partido tradicional y hasta su adhesión a algún movimiento interno. De hecho, entonces no habrá elecciones gremiales, sino una votación partidaria.

El colectivo de abogados matriculados de nuestro país elegirá mañana a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, órgano de origen constitucional cuyas funciones principales son elevar al Senado las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que los nombre con acuerdo del Poder Ejecutivo; y proponer a la máxima instancia judicial las ternas de candidatos para los cargos de camarista, juez y agente fiscal, debiendo considerar, en todos los casos, los méritos y las aptitudes de los postulantes.

Mediante la conformación plural del Consejo, del que también forman parte un ministro de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo, dos legisladores y dos profesores de Derecho elegidos por sus pares, la Constitución buscó favorecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, impidiendo que su integración dependa exclusivamente de los poderes políticos. Al mismo objetivo apuntó la exigencia de que el criterio de selección de los magistrados y de los agentes fiscales sea el de la idoneidad para los cargos respectivos.

En la práctica, la atinada intención de los convencionales de 1992 resultó frustrada por la partidocracia dominante; es decir, por el mismo perverso sistema que quisieron contrarrestar. En efecto, la gestión del Consejo, a lo largo de estos años, muestra que fue incapaz de impedir que el carnet partidario o las recomendaciones sean decisivos a la hora de efectuar los nombramientos.

El grave problema, el obstáculo inicial, radica en la designación de los consejeros. Podría afirmarse que es ingenuo pretender que los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo ignoren los factores político-partidarios en el ejercicio de algún cargo, siendo ellos mismos políticos, pero al menos cabía esperar que los abogados y los profesores de Derecho escojan a los suyos considerando solo su interés profesional de que la administración de justicia esté en manos de colegas honorables, capaces y diligentes. Se confió en que sus representantes responderían a la confianza depositada en ellos, ajustándose a la letra y al espíritu de la Constitución. Lo que ocurrió, en cambio, fue que la ANR y el PLRA metieron la mano en los comicios de estos gremios, con el fin de influir en los resultados, acabando por convertir el sistema judicial en un “mecanismo prebendario”, según confesó Enrique Riera, expresidente del degradado organismo.

La influencia de la mafia partidocrática es tan fuerte que la ciudadanía puede tener la certeza de que los representantes de los abogados serán elegidos atendiendo su condición de miembros de un partido tradicional y hasta su adhesión a algún movimiento interno. De hecho, entonces, no habrá elecciones gremiales, sino una votación partidaria. Los candidatos que ganen serán quienes hayan obtenido un mejor respaldo partidario, y sus virtudes, si las tuviesen, serán totalmente ignoradas.

Uno de ellos, Antonio Cuevas, ha llegado al extremo de propagar a través de una red social varios videos en los que conocidos dirigentes de su partido, empezando por quien lo preside, le dan su apoyo en mensajes obviamente dirigidos a los correligionarios “incondicionales”. Esto, desde luego, sin perjuicio de que hayan señalado la necesidad de contar con un Poder Judicial “libre, independiente y pluralista”, y de “terminar con las visitas a los políticos para pedirles la recomendación” que permita incorporarse a dicho Poder. Lo que parece un chiste de mal gusto no lo es para quienes están inmersos en una cultura política aberrante, que bastardea las instituciones en beneficio de ellos mismos.

Como el funesto partidismo incide tan decisivamente en la integración del Consejo, es lógico que el vicio también se refleje en la composición de las ternas de candidatos que elabora, pese a las buenas intenciones de la Constitución. Cuando se afirma que el Poder Judicial debe ser “pluralista”, lo que se está diciendo, en realidad, es que debe haber un “cuoteo” en función de la filiación partidaria, algo que desde ya se refleja en la composición de la Corte, uno de cuyos ministros, Sindulfo Blanco, no ha sido destituido a través del juicio político por la simple razón de que es incierto que sea sustituido por un correligionario suyo. Quizá las elecciones comentadas sirvan para destrabar la situación, pero no servirán –infelizmente– para que la partidocracia deje de contaminar el Consejo y, a través de él, el mismo Poder Judicial.

La prostitución política de este órgano muestra que ninguna Constitución, por excelente que sea, puede asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones, en especial si sus integrantes lo desvirtúan con su inmoral comportamiento. Ella no puede prohibir que los abogados voten con la anteojera partidaria, pero cabría esperar que actúen desprovistos de ella, respetando los dictados de su recta conciencia y atendiendo el bien de la Justicia. Pero muchos –posiblemente, la mayoría– votarán confiados en que su apoyo será luego retribuido, al menos con un lugar en alguna terna o con algún “carguito”.

La terna más relevante es la conformada para designar a un ministro de la Corte, siempre respetando el “cuoteo”. Si la máxima instancia judicial responde a este criterio, también los tribunales de apelación, los juzgados y las fiscalías serán previsiblemente ocupados conforme a la corrupta regla, para reproducir así la repartija iniciada en el Consejo. La culpa de esto no es atribuible a la Constitución, sino a los políticos inescrupulosos.

La inicua manipulación del Consejo, con el deplorable auxilio de los abogados sometidos a la partidocracia, viola el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por magistrados capaces, independientes e imparciales. No se dará a cada uno lo suyo, como regla de justicia, mientras la partidocracia siga metiendo sus sucias manos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, es decir, mientras incida en la designación de ministros de la Corte, camaristas, jueces y fiscales. La igualdad ante la ley y la igualdad para el acceso a la Justicia, que el Estado debe garantizar, continuarán siendo letra muerta.

Tendrán que ser los jóvenes legistas, varones y mujeres, quienes cambien esta deplorable situación. Deben crear nuevas asociaciones, reunirse para debatir sobre sus problemas, forjar una nueva conciencia gremial y, finalmente, cobrar fuerza ética para participar en unos comicios, como estos, que contribuyan a realzar el prestigio de la profesión y a desalojar de las instituciones a sus colegas corrompidos por el partidismo.

Fuente: www.abc.com.py/