Sedeco y la Defensoría se pasan la pelota por el tarifazo de ANDE

El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, se mostró “sorprendido”, según sus declaraciones, por el pedido de intervención, vía nota enviada por la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), Lorena Méndez, por la cual solicita a la Defensoría intervenir ante el reclamo y malestar generalizado de la ciudadanía por la decisión del Poder Ejecutivo de aumentar la tarifa por el consumo de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“Estoy sorprendido porque creo que atender el reclamo ciudadano ante quejas y reclamos por la prestación de un servicio es única y exclusiva facultad de la ministra Méndez”, aseguró el defensor.

Señaló que la ministra claramente “le tira la pelota”, siendo incluso su única atribución como Secretaría de Defensa del Consumidor defender los derechos del consumidor ante los prestadores de un servicio, sea estatal o privado.

Aclaró que la Defensoría del Pueblo no tiene facultades ejecutivas ni judiciales en este ámbito específico. “Nosotros podemos realizar recomendaciones y sentar posturas políticas, que no son ejecutivas ni judiciales”, recalcó.

Insistió además en que es la Sedeco la que tiene la facultad de encontrar una solución ante el problema del aumento de tarifas y el reclamo ciudadano. “Según la ley, es la Sedeco la que tiene que proteger el derecho del consumidor a recibir servicios públicos eficientes, si la señora (ministra Méndez) no se involucra en esto no sé qué hace en realidad”, reclamó Godoy.

INFORME. No obstante, ante la solicitud de la Sedeco, la Defensoría está preparando un pedido de informe a la ANDE sobre el aumento tarifario y un historial de los reajustes realizados en los últimos años. El pedido será enviado mañana a la empresa estatal. “Vamos a pedir un informe detallado a la ANDE sobre el reajuste y si hay cuestiones irregulares ver qué acciones tomar al respecto”, expresó.

NOTA. El pedido señala que a raíz de las diversas consultas recibidas en la Sedeco, sobre el aumento de tarifas en la provisión de energía, en los diferentes medios de comunicación y, en especial, por la queja generalizada de los usuarios del servicio y teniendo en cuenta que la competencia de la Sedeco se limita estrictamente a proteger a una relación de consumo entre el proveedor y el consumidor en cuanto a productos y servicios ofrecidos y no a incidir o mediar en la aplicación del costo o tarifas de los mismos, y más aún cuando se trata de una decisión constitucional reglada del Poder Ejecutivo.

Por estas limitaciones, la titular de Sedeco pidió que la Defensoría se expida sobre el asunto, invocando la Ley 631/1995 de la Defensoría del Pueblo, que en su artículo 10, incisos 8 y 9, señala que entre los deberes y atribuciones del defensor del Pueblo se encuentran actuar de oficio o a petición de parte para la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, y promover las acciones tendientes a la protección de los intereses difusos.

Reclamo. La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor, Lorena Méndez, había aclarado que el incremento de la tarifa de energía eléctrica de la ANDE no es motivo de reclamo de los consumidores. Sí lo será en el caso de que una vez aplicado se produzca un incremento superior y desmedido a lo que se estableció en el decreto.

El director jurídico de la Sedeco, Gerardo Almirón, explicó sobre el punto que un ajuste de tarifas está dentro de la potestad de la empresa pública, por lo que no pueden intervenir, pero sí en el caso de que con posterioridad al reajuste se considere algún presupuesto que vulnere algún derecho del consumidor.

Admitió que sí estaría afectando el derecho del consumidor si en el ciclo se produce un incremento desmedido y no el que fue establecido, como por ejemplo, el hecho de que estaba pagando G. 200.000 y le venga una factura de G. 800.000.

El Poder Ejecutivo dispuso días pasados el aumento de la tarifa de ANDE, por encima del 10%, para aquellos usuarios que consumen más de 300 kWh por mes; los que consumen menos de esa cantidad no serán afectados. La decisión desató una fuerte reacción ciudadana con fuertes críticas a la empresa estatal.

ÚH intentó comunicarse con la ministra Lorena Méndez para ampliar la información, pero no contestó las llamadas.

Fuente: www.ultimahora.com/