Ni paraíso ni infierno

¿Está bien o mal que el Instituto de Previsión Social coloque sus fondos previsionales en operaciones de préstamo a empresas del sector privado? Como planteo podría parecer un tanto forzado pero la figura más bien obedece a la necesidad de hacer visibles los distintos componentes de una misma ecuación.

Según el instituto, el otorgamiento de un préstamo de US$ 66 millones a una operadora de telefonía móvil es una transacción segura y rentable que cuenta, además, con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo en el caso de que el prestatario entre en mora o su previsibilidad como pagador esté en duda. Con un plazo de retorno de tres años –estima el ente previsional-, la ganancia es atractiva y contribuye al enriquecimiento patrimonial del IPS.

Del otro lado, los sindicatos -como copropietarios del sistema- manifestaron a través de un comunicado que se trata de una operación inconsulta realizada en condiciones que vulneran los cánones de seguridad que sería dable esperar en este tipo de colocaciones de activos financieros.

Aunque no lo citan en forma explícita, los representantes del estamento obrero sin duda se refieren al episodio de fraude a la caja de jubilados de Itaipú que acabó con la desaparición de una suma en dólares casi similar a la que ahora IPS está concediendo a una empresa privada.

Tratando de colocarnos en una posición equidistante y para ser propositivos en el tema, digamos que tanto la posición de la presidencia del IPS como la de los sindicatos que en teoría están representados en el Consejo de Administración son atendibles. Pero de nada sirve evaluar las razones de uno y otro sector ya que eso no pasa de un simple ejercicio retórico que no va más allá de simples especulaciones.

Por tanto, lo que se necesita en este caso es una tercera instancia, la que hasta el momento no ha sido posible implementar por un cúmulo de oposiciones, la mayor parte de las cuales carece por completo de abordaje racional. Y nos referimos a la creación de una superintendencia de fondos de retiro, proyecto que está congelado en el Congreso y cuyo infinito retraso en su tratamiento está causando daños reales y en expectativa respecto a la sanidad de los fondos jubilatorios y de pensión.

La misión de una superintendencia es precisamente vigilar la administración de ese dinero aportado por trabajadores en actividad para constituir sus haberes de retiro el día de mañana. Si tal superintendencia hubiera existido, el agujero inmenso causado a la caja de Itaipú no se habría producido porque de inmediato se habría percibido que las inversiones de “alto rendimiento” que prometían los estafadores de la Cajubi no eran otra cosa que un “alto riesgo”, el cual produjo tan tremendo daño patrimonial.

Y si existiera hoy, habría analizado a fondo la operación con la telefónica local y dictaminado si convenía o no, concretarla. Esta herramienta contempla las dos posiciones: el optimismo del directorio del IPS y la desconfianza del sector obrero.

Ambas visiones combinadas con un apropiado análisis de riesgo completa un abordaje sereno y productivo de operaciones que, bien administradas, pueden incrementar patrimonialmente el complejo y vulnerable universo de los fondos previsionales y de retiro.

Fuente: www.5dias.com.py/