¡Qué buen negocio es la política!

Lo que debería ser un acto sencillo, se ha convertido en algo deliberadamente complicado en manos de los políticos: votar para elegir a los representantes. No solamente lo han complicado sino que lo han encarecido, al punto de que el proceso electoral tiene un costo de “inversión” muy por encima de su valor real en sí mismo y por los daños colaterales a la economía nacional, que se ve resentida por la distracción y hasta paralización temporal del aparato burocrático.

Votar para elegir es para el ciudadano común un acto simple que requiere salir de la casa, dirigirse a un local relativamente cercano , donde queda registrada su asistencia, y volver luego de cumplir con el deber del sufragio. Para eso el elector necesita estar previamente informado, tal como lo está siempre de acuerdo con su realidad socio-económica-cultural y debatir mínimamente con otros (preferentemente con los candidatos) las ofertas electorales.

Prácticamente no cuesta nada. Es como cualquier día en que un ciudadano común decide ir al súper a hacer una compra. Cumplido su cometido, el súper registra su compra, por más pequeña que fuese. El Estado se encarga después de controlar el registro del súper. La única diferencia entre la compra en el súper y el acto del voto es que por razones de competencia, los interesados controlan el acto y luego el Estado se encarga de dar el veredicto.

Este acto de ir al súper o al local de votación a veces no cuesta nada, a lo sumo un pasaje de ida y otro de vuelta, o con vehículo propio, uno o dos litros de combustible. Todos los demás enormes gastos son creaciones artificiales fuera de la esfera ciudadana: 1. Del Estado-mafia que creó una superestructura para “organizar y dirigir” y costear el proceso, y 2. De los interesados a acceder a los “cargos” en disputa, y sus respectivos aparatos electorales, de propaganda y sobornos. Digo cargos entre comillas porque en realidad no son cargos los que están en disputa sino varios y diversos tipos de intereses espúreos.

Si al ciudadano –único a quien está dirigido el gran acto electoral– no cuesta prácticamente nada cumplir con el derecho, deber y función pública de votar, por qué establecer aportes y subsidios en nombre del mismo a intermediarios como son los partidos políticos y a los candidatos, a quienes nadie ni nada obliga a gastar por sus candidaturas.

Los ciudadanos que se sienten mejor con la identidad de un partido político deberían sostener con sus recursos los gastos de esta institución y esta debería organizar los cuadros a nivel nacional o regional para promover a sus candidatos con los recursos obtenidos de las cuotas partidarias, mientras los candidatos, por su parte, deberían correr con los gastos que acarrean su opción de buscar la representación, sin perjuicio de que algunos ciudadanos decidan ayudarlo en esto.

Pero los ciudadanos han perdido la confianza en los partidos políticos como para contribuir a su sostenimiento y dejan a cargo de los políticos que lo hagan todo. Con este renunciamiento ciudadano, los políticos metieron mano en las arcas públicas creando aportes y subsidios para sus partidos y creando también instituciones gigantescas que funcionan como agencias de empleo de sus operadores a sueldo, reservándose ellos el derecho de elegir –antes de que los ciudadanos lo hagan– a quienes estarán en las listas de candidatos, a través de quienes recaudan millonarias sumas en las campañas electorales de parte de una oligarquía con operaciones tantos legales como ilegales.

Luego, es fácil colegir por qué las cúpulas partidarias se niegan a desbloquear las listas sábana y por qué no permiten que se les obligue a revelar el dinero de quienes reciben y en qué lo gastan, o dónde lo guardan, para luego “trabajar” la idea de impunidad corporativa.

¡Qué buen negocio es la política! ¿Verdad?

Fuente: www.abc.com.py/