¿Condonación, financiación o vito?

Comencemos por el principio, para dejar las cosas en claro y no perdernos en el laberinto de la confusión verbal y las generalizaciones. Esta historia comenzó con la venida de un grupo de campesinos, de unos 17.000, verbalmente declarados porque no se registraron ni nadie los contó. Al estilo “pila”, es decir, paraguayo kachiãi, de inmediato se generalizó como “los campesinos”, es decir, como todos los campesinos; los debates en el Congreso, hasta la interminable jornada de ayer, siguieron hablando como si se tratara de una representación de “todos los campesinos”, entendiendo como tales, no a la generalidad de los que trabajan en el campo, sino a los pequeños agricultores, generalmente “pobres”.

Y marcharon, copando una parte vialmente vital del centro de Asunción, reclamando la “condonación” de las deudas que habían contraído. Es decir, la anulación, borrón y cuenta nueva. El Gobierno les escuchó y propuso refinanciar la deuda, como ya se hizo en ocasiones anteriores, ya que la condonación, como dicen los libros de economía, suele convertirse en un privilegio de doble filo.

Y, desde luego, pidió la lista de los afectados, el monto de sus deudas y en qué se habían invertido los préstamos.

Si en un principio dijeron que la entregarían, y hasta que la habían entregado al presidente del Congreso, que lo negó de inmediato, después aplicaron la ley del ñembotavy.

Posteriormente, lo único que se hizo fue aumentar el volumen y la agresividad de la protesta, añadiendo clavos a los garrotes e incendios y humo a la ya contaminada capital, alevosos cierres de calles en perjuicio de toda la ciudadanía que circula por la capital, y de muchos trabajadores, con semejantes problemas a los de los campesinos.

Hasta el día de hoy nadie sabe quiénes son los diecisiete mil, ni el monto de sus deudas, ni en qué invirtieron los créditos, circunstancias que hacen difícil negociar con un mínimo de seriedad.

La ley aprobada por el Senado va en contra de lo que establece en su letra, pese a no saber, igual que el Gobierno y la opinión pública y la ciudadanía en general, a quién financiaban ni cuánto debían. En este país de medios, redes y opinantes generalmente confrontados, hubo, por fin, cierta unanimidad; la Federación Nacional Campesina, el principal gremio de campesinos e inaugurador de las marchas sobre Asunción, en ejemplar forma pacífica, rechazó que ese reclamo fuera solución a los problemas de los campesinos, reclamando lo que vienen haciendo hace años, una ley de reforma agraria, que vegeta entre telarañas desde el comienzo de la transición democrática, seguro agrícola, para prever justamente el endeudamiento sin recursos, en fin, un plan de fondo para los pequeños agricultores. Otros gremios se opusieron también a la irracionalidad del reclamo y el despliegue de violencia que alcanza a montones de ciudadanos trabajadores.

Sin embargo, la actitud fue la misma, hasta que, sin explicación racional alguna, una mayoría de senadores decidió aprobar el reclamo con los ojos bien cerrados, como los monitos famosos, con los ojos, los oídos bien cerrados; la boca no, porque para eso son parlamentarios, y tienen que argumentar sus determinaciones.

Si hay una cosa en la que todo el mundo también está de acuerdo, es en que hay que apoyar a los agricultores y superar su situación de crisis; la diferencia está en las condiciones.

El callejón sin salida está en que, de acuerdo a la norma aprobada, para ser beneficiario, la ley establece que “para ser beneficiario, el MAG verificará que el beneficiario sea pequeño productor y que las deudas contraídas hayan sido con fines productivos. No se reconocerán deudas que no guarden relación con la producción agrícola”.

Por el momento, de acuerdo a la ley sancionada, tenemos 17.000 privilegiados que se benefician con la ley, que ellos han reclamado y obtenido, ya que se han negado a proporcionarlos. ¿En base a la igualdad de los ciudadanos, por qué los demás deudores se verán obligados a proporcionar sus datos?

Esta es la juris-imprudencia que se ha establecido.

Legisladores, dirigentes políticos, comentaristas y opinólogos han esgrimido la argumentación de que en todo el mundo se subsidia la agricultura, poniendo ejemplos de países desarrollados y sumas millonarias.

Argumento perogrullesco y que nadie esgrimiría, salvo con fines de manipulación, ya que es obvio, tal como se viene haciendo aquí con precariedad. Lo que no podrán argumentar es que esos subsidios se dan sin saber a quiénes, simplemente a un grupo turbulento que reclama desde el anonimato de las deudas contraídas y del uso y de los fines del dinero recibido.

La impresión que queda es que, una vez más, no se va a plantear una solución de fondo del problema, con lo que los campesinos seguirán periódicamente marchando y reclamando subsidios para salir por un tiempito de la pobreza.

Parece que a muchos políticos les resulta electoralmente rentable tener pobres a los que poner contentos haciendo vito a cambio de sus votos.

Fuente: www.lanacion.com.py/