Desbalances en el mercado laboral

En nuestra sección Emprendedores abundan estos encabezados: “Harto de vegetar en un empleo sin futuro, abrió su propio negocio”. Es una sección virtualmente inagotable, llena de historias que se enraízan en una realidad lacerante en el Paraguay. El 65% de la fuerza laboral, esto es, un total de 2.160.000 trabajadores –documenta un estudio de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica- tiene un ingreso laboral inferior al salario mínimo, el 25% gana menos de 500.000, el 50% por debajo de 1.500.000 y el 75% menos de 2.400.000 guaraníes.

Estas cifras radiografían un mercado laboral extremadamente precario dividido en dos segmentos en el cual el 20% se mueve dentro de las regulaciones salariales y la cobertura social, mientras que el 80% habita el submundo de la informalidad, lejos de la cobertura de riesgos de la vejez y en el que prácticamente dos de cada tres trabajadores percibe menos del mínimo que consagra la ley. El estudio de la UC, elaborado en base a datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos en su Encuesta Permanente de Hogares de 2016, pone foco sobre la composición de la fuerza laboral por sectores y niveles de ingreso. Así, mientras que en el empleo público (320.000 personas) el 76% gana por encima del salario mínimo y sólo el 24% está por debajo, esa relación se invierte en el empleo privado (1.317.000 personas) en donde el 60% es remunerado por debajo del salario mínimo y el restante 40% por encima de él. En el cuentapropismo, estas últimas proporciones se desbalancean aún más hacia la informalidad (77-23).

Este es un enfoque crudo y directo de la realidad del mercado laboral paraguayo. La pregunta que se hace a continuación el documento es: ¿Por qué tan baja proporción de la fuerza laboral gana igual o más que el salario mínimo regulado? La respuesta se ensaya en un estudio realizado para el Banco Mundial por Guillermo Perry Rubio, ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Ernesto Samper de Colombia, y William F. Maloney, economista jefe del BM. “En las economías latinoamericanas –afirman Perry y Maloney-, caracterizadas por enormes sectores informales, el análisis costo-beneficio lleva a escapar de los impuestos y otros tipos de regulaciones o dejar de participar en el flujo formal de impuestos y transferencias… influenciados por la percepción colectiva de que la acción del Estado es inefectiva, ineficiente e injusta”.

Traducida al lenguaje de la gente, esta conclusión da paso a otro interrogante: Para qué pagar impuestos a un Estado que no me brinda buena educación, la cobertura en salud es mínima, la inseguridad es cosa diaria y las oportunidades de trabajo estable son inexistentes. Esta ecuación, aún irresuelta, pone por delante de todo un factor clave: desconfianza en la gestión pública cuya calidad, de mediana a baja, explica el marcado desbalance hacia la informalidad de la economía.

Fuente: www.5dias.com.py/