Discurso incoherente

Es interesante y digno de análisis el discurso que algunos legisladores tienen para con ciertos asuntos de su directa incumbencia. Por ejemplo, el Presupuesto General de la Nación, cuya edición 2018 entrará próximamente en tratamiento. Una legisladora confiaba a los medios, hace algunos días, su esperanza de que la inclusión de la última serie de bonos emitida por el Ministerio de Hacienda contemple como destino “inversiones necesarias” y no el “pago de deudas”. La alternativa planteada por la senadora invita a hacer algunas deducciones a las que no podemos sustraernos, dada la creatividad de la que muchos miembros de ambas cámaras hacen gala a la hora de meter la mano en el PGN.

La pregunta de arranque sería: ¿A cuáles inversiones necesarias se refiere la legisladora? El planteo puede parecer razonable y nos induce a deducir que si se va a emitir nueva deuda para pagar deudas anteriores, nada podría ser peor, ya que sería la negación lisa y llana de las inversiones productivas en que todo Estado eficiente debiera empeñar su accionar. En otras palabras, si nos endeudamos para construir una ruta, la amortización de esa deuda debiera salir del incremento de productividad generado por esa inversión. ¿Está claro, verdad? En eso, no habría nada que discutir con los señores legisladores.

Sin embargo, nada está claro y todo se sumerge en una espesa niebla cuando los enunciados entran al terreno de la práctica. Y en esto, los señores legisladores debieran empezar por casa. En el Congreso, toda proporción y racionalidad del gasto pierde significación. Elegiremos un solo ítem para ilustrar este enfoque.

El Poder Legislativo tiene asentados en sus planillas de sueldos 296 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional dedicados a cuidar la integridad de 120 senadores y diputados y 2.515 funcionarios de ambas cámaras. Es decir, se destina un policía por cada 9 habitantes del Congreso. Parafraseando a Winston Churchill, digamos que jamás tan pocos han sido cuidados por tantos, sobre todo si tenemos en cuenta que a escala nacional, hay 8.202 policías operativos (de los 21.186 del plantel completo de la PN) para cuidar a 6.800.000 habitantes. Eso da una relación de un policía para 829 ciudadanos. Pero ahí no termina la cosa.

El Congreso destina a esos 296 policías de uso propio 5.240 millones de guaraníes al año, lo que significa que mientras la Policía Nacional gasta un promedio de 314.000 guaraníes por habitante y por año en tareas de seguridad ciudadana, el Congreso es mucho más generoso e invierte 1.988.000 guaraníes en cada legislador y funcionario.

¿Será ese un ejemplo de ‘inversión necesaria’ del que habla la presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto? ¿Con qué cara pueden mirar los señores legisladores al ciudadano harto de que lo asalten, lo roben y lo maten en sus propias casas cuando gastan dinero del contribuyente en un sistema de seguridad diez veces más caro que el que el Estado destina para cuidar al ciudadano común?

Si de introducir racionalidad al gasto presupuestario se trata, ¿por qué no empieza el Congreso por revisar sus propias cuentas y después seguimos hablando?

Fuente: www.5dias.com.py/