La deshonestidad, la ineptitud y la haraganería le cuestan muy caro al país

Nuestra sobredimensionada administración pública se distingue no solo por su corrupción, sino también por su ineficiencia, pues para ingresar en ella y ascender en el escalafón son más importantes el carnet partidario, el amiguismo y el parentesco que la idoneidad y la honestidad. Es necesario que los ciudadanos y las ciudadanas denuncien una y otra vez la venalidad de los funcionarios, y también que se critique la inutilidad pura y dura que deben soportar los contribuyentes. De poco sirve que se tengan las manos limpias si no se sabe hacer nada, salvo rendirle pleitesía al jefe inmediato superior y, por extensión, al presidente de la República, al intendente o a la máxima autoridad de una entidad autárquica y descentralizada. Se pierde dinero público no solo con el funcionario ladrón, sino también con el inepto. Si no es fácil cuantificar el daño causado por la corrupción a lo largo de las últimas décadas, mucho más difícil resulta determinar el innegable perjuicio económico que conlleva la incapacidad generalizada. Como la incapacidad sale muy cara, la ciudadanía debe ser intolerante con los inútiles. Al país le iría mejor si los funcionarios ladrones van a la cárcel y los ineptos a sus casas.

Nuestra sobredimensionada administración pública se distingue no solo por su corrupción, sino también idario, el amiguismo y el parentesco que la idoneidad y la honestidad. Es necesario que los ciudadanos y las ciudadanas denuncien una y otra vez la venalidad de los funcionarios, y también que critiquen la inutilipor su ineficiencia, pues para ingresar en ella y ascender en el escalafón son más importantes el carnet partdad pura y dura que deben soportar los contribuyentes. De poco sirve que se tengan las manos limpias si no se sabe hacer nada, salvo rendirle pleitesía al jefe inmediato superior y, por extensión, al presidente de la República, al ministro, al gobernador, al intendente o a la máxima autoridad de una entidad autárquica y descentralizada, como la ANDE, Petropar o el IPS.

Se pierde dinero público no solo con el funcionario ladrón, sino también con el inepto, porque se gasta dos veces: primero para concebir y ejecutar mal alguna medida, y luego para corregirla, si es que aún se dispone de fondos y hay tiempo para el efecto. Peor aun, muchas veces se combinan la corrupción, la negligencia y la ineptitud, que es lo que ocurre cada año con la limpieza del canal de desvío del río Pilcomayo, con lo que aconteció en la última inundación en el sur del país cuando hubo que pedir el auxilio argentino porque ningún helicóptero de la Fuerza Pública estaba operativo, o lo que pasó en el IPS cuando la auditoría interna no detectó oportunamente la multimillonaria estafa cometida con las jubilaciones por invalidez, con la complicidad de la Junta Médica.

Si no es fácil cuantificar el daño causado por la corrupción a lo largo de las últimas décadas, mucho más difícil resulta determinar el innegable perjuicio económico que conlleva la incapacidad generalizada. Sus consecuencias, sin embargo, están a la vista, por ejemplo en los diversos municipios: calles y avenidas con baches, veredas en pésimo estado, semáforos que no funcionan, focos del alumbrado público que están apagados, esquinas en las que las aceras dificultan el viraje, árboles mal podados o, sencillamente, abandonados a su suerte.

Asunción es una buena muestra de la ineptitud que, entre otras cosas, impide la necesaria coordinación entre la Municipalidad, la Essap y la ANDE en lo que respecta a la perforación de calles y su reparación, así como a la poda de árboles. En efecto, cada una de esas entidades actúa por su cuenta, no tanto por culpa de la deshonestidad, sino más bien de la torpeza, que no repara en costos.

La Constitución garantiza a todos los habitantes la igualdad en el acceso a las funciones públicas no electivas, “sin más requisitos que la idoneidad”, mientras que la Ley N° 1626/00 dispone que los interesados en ejercer las no electivas deben poseer, entre otras cosas, “la idoneidad y capacidad necesarias”, comprobadas mediante un concurso público de oposición. Está claro que la abrumadora mayoría de los funcionarios nunca se sometió a dicho sistema de selección, y que tampoco han sido promocionados tras una evaluación periódica de sus méritos, de sus aptitudes y de su honorabilidad. Si se ingresa y se asciende en la función pública sin que interese la idoneidad sino el compadrazgo y la obsecuencia, el aparato estatal solo puede ser ineficiente.

En verdad, no existe una carrera de la función pública, ya que de lo que se trata es de ingresar en ella de algún modo e ir avanzando a como dé lugar. Si no hizo falta demostrar que se está en condiciones de ejercer un cargo de inferior jerarquía, tampoco será preciso demostrar que se puede ocupar uno superior. Y si, por alguna casualidad, un funcionario cree que una decisión adoptada por su jefe es errónea, jamás tendrá la iniciativa de darle su opinión fundada, porque lo primordial es la sumisión, para seguir medrando.

Las “gratificaciones por el buen desempeño” son una farsa que no engañan a nadie, y las “bonificaciones por título académico” no responden necesariamente a una mejor cualificación del funcionario, sobre todo cuando el título es expedido por una universidad de garaje. Entre las obligaciones legales del funcionario figura la de “capacitarse en el servicio”, algo que en la práctica resulta superfluo, lo mismo que la posibilidad de obtener un permiso especial hasta por tres años, sin goce de sueldo, para usufructuar una beca de estudios o capacitación. La Ley N° 1626/00 tiene en cuenta la idoneidad, pero no así la mentalidad predominante en ese ámbito, porque al fin y al cabo la plata que cuesta un funcionario incapaz no sale del bolsillo del jerarca. La racionalidad política, por así decirlo, prevalece sobre la económica.

Aunque la administración pública no debe regirse necesariamente por el cálculo económico, es imprescindible que se logre un objetivo empleando solo la estrictamente necesaria cantidad de recursos humanos y materiales, es decir, que haya eficiencia.

Un buen ejemplo de este postulado lo brinda la Ley Nº 2051/03, cuando establece que las entidades públicas deben planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado las mejores condiciones, sujetándose a normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Este principio de “economía y eficiencia”, que está muy lejos de nuestra realidad actual, solo puede imperar cuando el plantel de funcionarios de una Unidad Operativa de Contrataciones está integrado por personas no solo honestas, sino también idóneas.

Como la incapacidad sale muy cara, la ciudadanía debe ser intolerante con los inútiles y los haraganes, que trepan a un cargo público y se mantienen en él al margen de la ley y del sentido común. Así se han hecho famosas las “secretarias de oro”, contratadas con elevados salarios por sus jefes más bien por sus generosos atributos físicos que por su preparación cultural o técnica para el desempeño de su trabajo. A estos y estas caraduras los contribuyentes les pagan un sueldo sin recibir de ellos un buen servicio y no solo porque les faltan ganas, sino también conocimientos.

En 1957, el alcalde de São Paulo Adhemar Pereira de Barros realizó una campaña electoral con el lema “Adhemar roba, pero hace”. Lo que los paraguayos necesitamos es que se haga, pero no se robe. Al país le irá mucho mejor si los funcionarios ladrones van a la cárcel, y los ineptos y haraganes, a sus casas.

Fuente: www.abc.com.py/